miércoles, 24 de abril de 2013

'Un año sin sanidad' Aniversario de la publicación en el BOE del RD 16/2012


Activistas vestidos de presos denuncian que sin derecho a la asistencia sanitaria 
se condena a muerte a los inmigrantes sin papeles

  • Las personas con VIH sin acceso al tratamiento antirretroviral tienen más complicaciones de salud y una mayor capacidad de transmitir el VIH a otras personas.
  • Esta política de recortes niega el acceso a los tratamientos más avanzados de Hepatitis C a personas privadas de libertad

Madrid, 24 de abril de 2013.- Hoy se cumple un año de la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley por el cual muchas personas que residen en nuestro país quedaban excluidas de la asistencia sanitaria. Por este motivo, activistas de las ONG que trabajan en el VIH y sida se han concentrado vestidos de presos condenados a muerte, frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para leer un manifiesto y denunciar que en la actualidad, la situación administrativa de estas personas supone su total desamparo sanitario, poniendo como excusa su situación administrativa y violando así los derechos humanos y sanitarios.

Miguel Luis Tomás, vocal de la Comisión Permanente de CESIDA y miembro de COGAM, señala que “las medidas tomadas por el Gobierno Central y por algunas Comunidades Autónomas han hecho que el número de personas excluidas del sistema sanitario haya aumentado considerablemente y constituyen una vulneración de los Derechos Humanos. La falta de papeles no puede ser una condena a muerte”.


Personas con VIH y el Real Decreto-Ley

El Real Decreto del 24 de abril de 2012 abrió el camino hacia el desmantelamiento de la Sanidad Pública en España, supuso una involución en el modelo sanitario público español, suprimiendo dos pilares básicos de nuestra sanidad: los principios de equidad y universalidad. Esta ley deja a las personas en situación administrativa irregular en absoluta indefensión y sin derecho a la asistencia sanitaria. En este sentido, hay personas con VIH que han dejado de tener acceso al tratamiento, lo que supone una violación del derecho a la vida y pone en riesgo a la ciudadanía, ya que una persona con VIH que no sigue un tratamiento antirretroviral tiene una mayor capacidad de trasmisión del virus.

Todas estas medidas han sido tomadas de espaldas a la sociedad, haciendo caso omiso de las recomendaciones tanto de ONG’s, asociaciones de pacientes y organizaciones sociales como de la comunidad médica y científica, cuya opinión unitaria ha sido y sigue siendo el rechazo total a las mismas.

Además, fruto de esta política de recortes sanitarios, se niega el acceso a los tratamientos más avanzados de Hepatitis C, a personas privadas de libertad y con coinfección por VIH.


Nota de Prensa FELGTB